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La Dip. de Málaga erigirá un monolito en
memoria de las Víctimas de la Caravana de la Muerte
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Aún sonaban los sables desenvainados en las guarniciones africanas contra la legalidad vigente cuando los militares sublevados hicieron desaparecer a los primeros desdichados. Fueron compañeros de armas que habían decidido permanecer fieles a la República y a la palabra dada. «Tenían los rostros desfigurados y, algunos, los ojos abiertos. No se podía saber el grado militar porque de los desgarrados uniformes habían sido arrancadas las estrellas y los demás distintivos», Soldado Antonio Granados, detenido en el hospital de O'Donnell de Melilla por los franquistas el 17 de julio de 1936. Rafael Torres. "Desaparecidos de la Guerra de Españal". La Esfera de los Libros "Tenemos que matar, matar y matar..." "El gran error que han cometido los franquistas al empezar la Guerra civil española ha sido no fusilar de entrada a todos los limpiabotas. Un individuo que se arrodilla en el café o en plena calle a limpiarte los zapatos está predestinado a ser comunista. Entonces ¿por qué no matarlo de una vez y librarse de esa amenaza?" (Entrevista del capitán Aguilera con el periodista inglés Peter Kemp.) "En el siglo XIX la gente de bien había cometido el error de promover la higiene y las alcantarillas, alejando así el fantasma de la peste, que antes de eso, por voluntad de Dios, se ocupaba de diezmar los barrios obreros. Ésa era la razón por la cual los militares debían encargarse de esta depuración.” «Tenemos que matar; matar y matar; ¿sabe usted?», declaraba ufano Gonzalo de Aguilera al periodista norteamericano John Whitaker: «Son como animales, ¿sabe?, y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste. Ahora espero que comprenda usted qué es lo que entendemos por regeneración de España... Nuestro programa consiste... en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado. Además también es conveniente desde el punto de vista económico. No volverá a haber desempleo en España, ...¿se da cuenta?». Gonzalo de Aguilera(Conde de Alba de Yeltes, rico terrateniente, capitán del ejército de Franco y uno de los oficiales de prensa y enlace con los visitantes extranjeros durante la Guerra Civil. De madre escocesa, aficionado a la práctica del polo, poseía grandes fincas en Salamanca y era amigo personal del monarca Alfonso XIII. "Id preparando sepulturas" (General Gonzalo Queipo de Llano) El castigo espiritual "Estoy dispuesto a exterminar, si fuera necesario, a toda esa media España que no me es afecta." Francisco Franco en declaraciones al corresponsal del Chicago Tribune, Jay Allen. «No es un capricho el sufrimiento de una nación en un punto de su historia; es el castigo espiritual, castigo que Dios impone a una vida torcida, a una historia no limpia». Francisco Franco, discurso en Jaén, 18 de marzo de 1940. La Iglesia de Franco. Julián Casanova. Ed. Temas de Hoy, Colección Historia, ISBN 84-8460-080-7. |
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El
primo al que Franco ejecutó El general Franco y su primo Ricardo de la Puente Bahamonde, comandante republicano convencido, crecieron como hermanos hasta que la ideología les separó. «Un día voy a tener que fusilarte», le llegó a decir Francisco a Ricardo. Y lo hizo. En 1936, fue el último militar fiel a la República del norte de Africa.
Francisco
Sánchez Montoya Franco
tenía al enemigo en casa y no debió de sorprenderle saberlo.En
la tarde del 17 y la madrugada del 18 de julio de 1936, cuando el ruido
de sables ya había sido reemplazado abiertamente por el estruendo
de los fusiles en el norte de Africa, muy pocos oficiales de la región
se mantuvieron leales a la República.El último en caer,
jefe de las fuerzas aéreas del norte de Africa y comandante al
frente del aeródromo de Tetuán Sania Ramel, en el protectorado
de Marruecos, se llamaba Ricardo de la Puente Bahamonde y era primo
carnal de Francisco Franco Bahamonde. El general había llegado
a apreciarle, pero fue implacable al ordenar su fusilamiento. En
realidad, fue como la confirmación de un viejo augurio. En su
libro Historia de una disidencia, la sobrina del general Pilar Jaraiz
Franco escribió sobre ellos: «Eran más hermanos
que primos, pero de adultos se habían agudizado sus diferencias
ideológicas.Franco lo había sustituido de su puesto durante
la revolución de Asturias en octubre de 1934. Y en una de sus
muchas discusiones, había exclamado Franco: "Un día
voy a tener que fusilarte"». Ricardo,
que también había nacido en Ferrol, era tres años
más joven que su primo Francisco. Como él, consiguió
los más importantes logros de su carrera militar en el norte
de Africa. En 1922 fue destinado como capitán a Larache y resultó
herido en una de sus incursiones. Dos años más tarde recibió
una medalla de «sufrimiento por la patria». Incluso se le
concedió, años después, otra condecoración,
la Cruz de María Cristina por motivos de guerra, debido a su
estancia en Africa. Pero no fueron las suyas vidas precisamente paralelas. Más bien, al contrario. Tras la revuelta de Asturias de octubre de 1934, reprimida por el propio Franco, Ricardo De la Puente Bahamonde fue suspendido del Ejército por apoyarla.
Tropas moras de Regulares desfilando Unico cuartel leal Sólo después de que, tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, Manuel Azaña legislara un indulto general, De la Puente Bahamonde fue rehabilitado. Le enviaron entonces, en abril de ese mismo año, a Marruecos como jefe de las Fuerzas Aéreas, con base en el aeródromo de Sania Ramel, a pocos kilómetros de Ceuta. Apenas
faltaban tres meses para el inicio de la Guerra Civil y aquél
iba a ser su último destino. Al caer la tarde del 17 de julio de 1936, el comandante Bahamonde, ya había tenido noticias de la sublevación en Melilla y de la toma de la base de hidroaviones de Atalayón. Su compañero el capitán aviador Virgilio Leret había sido detenido allí y pocas horas después habría de ser ejecutado. Asimismo, la máxima autoridad militar, el general Gómez Morato, también estaba detenido.
Entrada
a la medina de Tetuán En
realidad sólo había un centro, además del aeródromo
que él defendía, que aún no había caído
en manos de los sublevados, la Alta Comisaría del Protectorado,
con la máxima autoridad civil, Arturo Alvarez-Buylla, al frente. El
comandante Bahamonde no tenía dudas de que durante la madrugada
del 18 de julio sería atacado el aeródromo. En pocas horas
su primo, el general Franco, debía aterrizar allí a bordo
del Dragón Rapide, procedente de Canarias, para tomar el mando
de los sublevados en el norte de Africa. De modo que detuvo a varios
oficiales que estaban implicados en el golpe y, con los subordinados
leales, unos 25 en total, comenzó a preparar su defensa. Instaló
cuatro ametralladoras sobre una torreta e iluminó la carretera
por la cual podían venir las tropas atacantes con las luces de
todos los vehículos de que disponía. Para dificultar más
la llegada de las fuerzas del acuartelamiento legionario de Dar Riffien,
mandadas por el brazo derecho del general Mola, el teniente coronel
Juan Yagüe, Bahamonde ordenó a unos de sus capitanes salir
con varias camionetas hacia Ceuta y volcarlas en un puente cercano. Ya
era noche cerrada cuando en Sania Ramel se recibió una esperanzadora
llamada desde la Alta Comisaría. Alvarez-Buylla había
logrado hablar con el presidente del Gobierno y ministro de la Guerra,
Casares Quiroga. Madrid iba a enviar aviones de refuerzo y había
que resistir a toda costa. Alrededor de las 23.30 horas el comandante
Bahamonde dio orden de marcar el campo de aterrizaje con hogueras encendidas
con trapos y cubos de gasolina y señaló a un grupo de
soldados para que quedaran en la pista al cuidado de ellas. El teléfono volvió a sonar a las dos de la madrugada, ya del 18 de julio. Esta vez era el jefe de la sublevación en Tetuán, el teniente coronel Sáenz de Buruaga, el que estaba al otro lado del hilo. Si Bahamonde no deponía su actitud, una columna de artillería y tropas de regulares cercarían el aeródromo. Los
aviones de Madrid seguían sin llegar, pero Bahamonde se mantuvo
firme. Tal y como quedó reflejado en el consejo de guerra, el
comandante no dudó en contestar: «¡Tendrán
que pasar por encima de los que defendemos al gobierno legal en este
momento! ¿En qué concepto me ordena usted que me rinda?
¿Quién es usted para darme tales ordenes?». Dos
horas y media después Sania Ramel estaba rodeado y el asedio
apenas tardó unos minutos en durar.
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Las
fuerzas atacantes tuvieron mucha precaución en no dañar
la pista de aterrizaje, que sería utilizada en pocas horas por
el avión que traía al general Franco. Pero incluso así
lo tuvieron fácil. En menos de media hora empezaron a registrarse
los primeros heridos entre los hombres de Bahamonde. El comandante no
tardó en comprender que los aviones prometidos por Casares Quiroga
no iban a llegar nunca, que resistir sólo serviría para
contribuir al derramamiento de sangre y que su primo había ganado
esta partida.
Aeródromo militar de Sania Ramel (Tetuán), 1930*
Antes de entregarse, no obstante, ordenó a sus hombres que realizaran averías en varios aviones Breguet XIX, rompiendo sus depósitos de gasolina, radiadores y las ruedas del tren de aterrizaje para que no pudieran ser utilizados por los aviadores sublevados.
A
las 05.15 horas de la madrugada del 18 de julio, el comandante Bahamonde
enarboló un pañuelo blanco y entregó su pistola
al comandante de Regulares Serrano Montaner. Él y todos sus hombres
fueron detenidos y trasladados a la fortaleza del monte Hacho de Ceuta. Condenado a muerte por traición Franco fue rápidamente informado de la actitud de su primo el comandante Bahamonde y su situación en calidad de detenido por oponerse a la sublevación.
Fortaleza
de Monte Hacho, Ceuta El proceso sumarísimo contra el comandante Bahamonde, sin embargo, había comenzado a tramitarse el mismo 18 de julio. Se deseaba cuanto antes tener una sentencia, y así fue como el 2 de agosto se celebró el Consejo de Guerra. A las pocas horas de escuchar las acusaciones, y ante una defensa inexistente, Ricardo de la Puente Bahamonde fue condenado a muerte por traición. Ejecución o indulto El 3 de agosto se envió a Franco el fallo para que, como máxima autoridad, aportara su enterado y firmara la ejecución o el indulto.El general debió de pensar que cualquier condena que no fuera la ejecución sería considerada un signo de debilidad, pero firmar la sentencia de un familiar tan cercano podría ser inquietante.Y no lo hizo. Decidió ceder su firma al segundo jefe, Luis Orgaz, quien la rubricó. Ejecutado
con prisas El
comandante De la Puente Bahamonde fue fusilado el 4 de agosto de 1936,
en los muros exteriores de la fortaleza del monte Hacho. Eran las cinco
de la tarde. Tras años de haber investigado y consultado cientos
de procedimientos, no me consta que durante la represión en Ceuta
tuviera lugar alguna ejecución por la tarde. Estaba claro que
querían dar por finalizado este consejo de guerra cuanto antes. Francisco
Sánchez Montoya es autor de Ceuta y el norte de Africa
(1931-1944). República, guerra civil y represión (Editorial
Natívola) ¿Bahamonde
o Baamonde? *Sania Ramel: Construído en octubre de 1913 como un aeródromo militar, estuvo operativo desde primeros de noviembre de dicho año. A partir de junio de 1926 se abrió al tráfico civil como escala en la línea aeropostal Sevilla - Tetuán - Larache adjudicada por la Dirección General de Correos a "Jorge Loring Compañía Aérea", que la estuvo operando hasta su integración en C.L.A.S.S.A. en diciembre de 1930, utilizando los Loring T-1 civiles. Durante el invierno era frecuente que la escala de Tetuán se suprimiese dado que el terreno de Sania Ramel, proclive a encharcarse, resultaba inutilizable. Según el Atlas de Aeródromos de España de 1934, se trata de un aeródromo militar (la utilización para el tráfico civil era excepcional y requería una autorización especial). El campo de vuelo, con unas dimensiones de 700 x 350 metros, era de piso llano y firme, pero fácilmente encharcable en época de lluvias. Disponía de las instalaciones propias de la Base Aérea militar (hangares, talleres, combustible y aceite, estación de radiotelegrafía, etc...). Se hallaba comunicado por ferrocarril a Tetuán y a Ceuta y, por carretera, a Tetuán, a 2' 5 kilómetros de distancia. www.histaer.org
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Introducción. La
mayor parte de lo publicado sobre el capitán de fragata Azcárate
padece de una lamentable falta de rigor y respeto a la verdad. Son varios
los libros en los que puede leerse que hizo causa común con el
gobernador civil por haber sido nombrado jefe interino de la base naval;
que dadas sus ideas republicanas se refugió en el gobierno civil
al proclamarse el bando de guerra; que fue arrestado y rápidamente
fusilado: que tras ser sometido a consejo de guerra fue condenado a
muerte; etc. Por
no decir la verdad no lo dicen ni respecto al lugar y fecha de su muerte.
En la mayoría de los textos se afirma que fue fusilado el 18
de agosto de 1936 en el castillo de Santa Catalina, datos que como se
verán a continuación tampoco son ciertos. En
cambio si hay un hecho verdadero en el que suelen coincidir: su muerte
causó un gran pesar en la Armada en donde era muy apreciado y
reconocido por su prestigio profesional y su recto carácter.
Tal pesar fuera posiblemente también porque además sabían
lo injusto y vil de su muerte. La familia Azcárate Era
hijo de Tomás de Azcárate Menéndez y de Concepción
García de Lomas, habiendo nacido en la gaditana localidad de
San Fernando el 24 de octubre de 1889. Ingresó a los 13 años
en la Escuela Naval. Poseía una brillante hoja de servicios y
tenía concedidas 9 condecoraciones siendo 4 de ellas con distintivo
rojo por su valor acreditado en las campañas de Marruecos. Su abuelo Patricio de Azcárate fue fundador y director de la Biblioteca Filosófica. Su padre fue contralmirante y director del Observatorio de Marina de San Fernando, habiendo colaborado con Isaac Peral en los cálculos para la construcción del primer submarino. Su tío Gumersindo de Azcárate perteneció al partido republicano y fue uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza llegando a ser presidente de la misma.
Cádiz en 1936. En primer plano,en la Plaza del Carbón, monumento a las Cortes de 1812 Tomás de Azcárate estuvo al mando del submarino A-3 entre el 6 de enero de 1920 y el 6 de enero de 1922. Posteriormente obtuvo el mando del destructor Lazaga desde el 11 de diciembre de 1934 hasta el 16 de mayo de 1936.
Crucero "República" Desde
el 18 de mayo de 1936 Azcárate era el 2 comandante del crucero
"República" (antiguo "Reina Victoria Eugenia"
y futuro "Navarra") que se encontraba sufriendo importantes
reparaciones en el arsenal de La Carraca. Vivía
en la 2 planta del número 18 de la gaditana calle Valverde con
su esposa María Josefa Ristori Alvarez y sus nueve hijos (Tomás,
José María, María del Carmen, Isabel, Juan, Manuel,
Gumersindo, Teresa y Luis) cuyas edades oscilaban entre los 18 y los
3 años. Asesor
del gobernador civil. El
16 de julio de 1936 Mariano Zapico Meléndez-Valdés, comandante
de Artillería, era el gobernador civil de la provincia de Cádiz
desde hacía cuatro meses. Ese día llamó a Azcárate
para requerir su asesoramiento técnico en cuestiones navales
ya que habían puesto a su disposición el destructor "Churruca".
Se temía una sublevación del Ejército en Marruecos
y quería evitarse la posibilidad de su paso a la Península. Azcárate
le contestó que era necesaria la autorización del vicealmirante
José María Gámez Fossi, jefe de la base naval principal
de Cádiz. Zapico asintió y esa misma noche Azcárate
localizó a Gámez en el domicilio de una hermana de éste,
informándole de lo solicitado por el gobernador. El vicealmirante le autorizó para ello y le dijo que debía ponerse de acuerdo con el comandante del "República" respecto a compaginar sus misiones en el buque donde se encontraba destinado y su nuevo cometido.
Destructor
"Churruca" La
entrevista con el "Churruca" El
capitán de navío Fernando Barreto Palacios, comandante
del "Churruca", había zarpado de Cartagena con órdenes
de dirigirse a Cádiz. Sin embargo durante la travesía
recibió una orden directa de Madrid para entrar en el puerto
de Algeciras. Allí debería entrevistarse con Zapico. Esta
reunión se celebró pasada la medianoche del día
16 y asistieron Zapico, Barreto y Azcárate. También les
acompañó Antonio Macalio Carisomo, secretario particular
de Zapico. El
gobernador quería asegurarse de la lealtad de Barreto cuando
recibiera instrucciones, caso necesario, de impedir el paso por el Estrecho
de tropas del ejército de Marruecos. Parece ser que el comandante
del "Churruca" no fue demasiado convincente y Azcárate
en el viaje de regreso a Cádiz expresó su pesimismo al
gobernador. El
18 de julio de 1936. En la mañana del 17 Azcárate se presenta en el "República" e informa a su comandante, el capitán de navío Juan Benavente García de la Vega, de su nueva misión. A media tarde va al gobierno civil y se entera por Zapico del inicio de la sublevación en Marruecos. A continuación localiza a Gámez y se lo participa siendo ésta la primera noticia que recibe sobre lo sucedido.
Durante
la mañana del sábado día 18 Azcárate estuvo
en el "República" hasta que sobre las 14,30 horas regresó
a su domicilio para almorzar y descansar un poco teniendo intención
de volver sobre las 20 horas al barco. Sin embargo hacia las 16 horas
Zapico le llama por teléfono y le envía un coche oficial
para recogerle. A esa misma hora el bando de guerra es proclamado por el general de brigada de Artillería José López-Pinto Berizo, comandante militar de Cádiz y una hora después las primeras fuerzas sublevadas del ejército sitian el edificio que hoy ocupa la Diputación Provincial. Entonces lo compartía también con el gobierno civil y la delegación de Hacienda.
El
bilaureado general de brigada de Infantería José Enrique
Varela Iglesias es liberado de su arresto preventivo en el castillo
de Santa Catalina y se hace cargo de la dirección del alzamiento
militar en Cádiz. El comandante de Infantería Manuel Baturone
Colombo se entrevista en el interior del edificio con Zapico y le intima
para que se rinda. Madrid ha declarado facciosos a los sublevados. Baturone
obtiene una respuesta negativa y a su salida las fuerzas del regimiento
de Artillería de costa n 1 y del regimiento de Infantería
n 33 inician fuego de fusilería sobre el edificio respondiendo
de igual forma sus defensores. Al
comenzar la noche el general Varela telefoneó a Zapico para que
se rindiera. Azcárate y otras personas allí presentes
también se lo aconsejaron. No había municiones ni víveres
para soportar un asedio y la posibilidad de refuerzos salvadores era
impensable. Zapico
no quiso rendirse pero accedió a que pudieran ser evacuadas las
mujeres y los niños así como aquellos paisanos que lo
desearan. Azcárate y los representantes civiles decidieron quedarse
con él. Tras salir los que quisieron continuó durante
toda la noche el fuego de fusilería. Jefe
interino de la base naval Sobre
las 2,50 horas del día 19 se recibe en el centro de comunicaciones
de la Marina en San Fernando un mensaje de Madrid en el que se cesa
al vicealmirante Gámez y al contralmirante Manuel Ruiz de Atauri.
Para relevarlos se nombra interinamente como primer y segundo jefes
de la base naval de Cádiz a Azcárate y al capitán
de corbeta Virgilio Pérez y Pérez. Azcárate
se enteraría de este nombramiento estando en prisión y
Pérez, que fue quien recibió directamente el mensaje al
ser el jefe de comunicaciones, se presentó a Gámez, no
para intentar su cumplimiento sino sólo para informarle. Gámez
sorprendentemente ordenó su detención. Posteriormente
sería trasladado al penal de la Carraca y fusilado en oscuras
circunstancias el 28 de agosto de 1936 junto a otros jefes y oficiales
de la Armada. El capitán de corbeta Pérez dejó
viuda y cinco huérfanos, siendo póstumo uno de ellos. La
rendición del Gobierno Civil Sobre
las 7 horas del domingo 19 Azcárate subió al cuarto de
la azotea del edificio y tras comprobar la presencia en el puerto del
"Churruca", aconsejó otra vez la rendición a
Zapico. Los fusiles y las pistolas de los defensores poco podían
hacer frente a los cinco cañones de 120 milímetros del
destructor. Continuar la lucha sería un derramamiento inútil
de sangre. Zapico era artillero y lo sabía. Minutos después
se agitaba la bandera blanca. Los defensores militares serían traslados al castillo de Santa Catalina y los civiles a la prisión provincial aunque parte de ellos lo serían posteriormente al buque "Miraflores". Una vez dominados por los sublevados los otros focos de resistencia en la ciudad estos centros de detención se irían llenando.
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El
juicio sumarísimo La
maquinaria judicial de los vencedores se puso bien pronto en marcha.
La acusación sería siempre la misma: delito de rebelión
militar previsto y penado en el número 4 del artículo
237 del código de justicia militar y en el apartado b) del artículo
3 del bando que declaraba el estado de guerra. El
22 de julio se inicia el juicio sumarísimo contra Zapico y tres
más: el teniente coronel Leoncio Jaso Paz, jefe de la 11 Comandancia
de Carabineros; el capitán de Artillería Antonio Yáñez
Barnuevo-Milla, jefe de los guardias de asalto y el funcionario Luis
Parrilla Asensio, jefe de teletipos del gobierno civil. El
día 23, el hijo mayor de Azcárate llevaría a su
padre un telegrama del "República" enviado a las 21
horas del día 18 desde San Fernando para que se incorporara a
su destino. Como
juez instructor fue nombrado el comandante Joaquín Camarero Arrieta
y como secretario el capitán Romualdo Carretero Luque, ambos
de Infantería y destinados en la Caja de Reclutas n 13. Tras
tomar declaración a los encartados ya citados y a otros entre
los que se encontraba Azcárate se dictaría auto de procesamiento
para todos ellos el día 28 de julio. La
declaración indagatoria tomada ese día a Azcárate
es impresionante teniendo en cuenta la situación en la que se
encontraba. Al ser preguntado si se estimaba autor del delito de rebelión
militar que se le acusaba no sólo lo rechazó sino que
afirmó según consta textualmente en dicha causa "que
el acto realizado por las tropas era ilegal y violento y que oponerse
a toda rebelión era una virtud y deber de todo militar". Del resto se ordena deducir testimonio y se inicia un nuevo procedimiento. En éste constan como procesados Azcárate, Macalio y Francisco Cossi Ochoa, presidente de la comisión gestora de la diputación provincial que había permanecido también durante todo el asedio en el interior del edificio. Cossi y Macalio designaron como defensor al letrado Andrés López Gálvez pero éste rehusó. Las
declaraciones judiciales Las
manifestaciones que se recogieron en la causa eran favorables para la
defensa de los tres procesados. En ningún momento empuñaron
armas ni tenían mando sobre los asediados, habiendo quedado constatado
que habían aconsejado en diversas ocasiones la rendición
a Zapico al objeto de evitar un derramamiento inútil de sangre. Respecto
a Azcárate, Zapico confirmó que el 18 estaba en el edificio
como asesor suyo con autorización expresa de Gámez. El
comisario de policía Adolfo de la Calle, el capitán de
Infantería Julio Almansa Díaz, el teniente de la Guardia
Civil José López Lanjarín, el teniente de Infantería
Joaquín Rodríguez Llano e incluso el falangista Joaquín
Arcusa Corbacho harían declaraciones favorables. La
única declaración contradictoria fue la de su vicealmirante.
Por un lado reconoció que Azcárate estaba en el gobierno
civil con autorización expresa suya a petición de Zapico
y que le informó de lo del "Churruca" y del inicio
de la sublevación en Africa. Dicha
carta, que aparece unida al procedimiento judicial con su sobre, nunca
llegaría a manos de Azcárate y la primera noticia que
tendría sobre ella se la daría su cuñado, el coronel
de artillería de la Armada Félix García de los
Fayos, durante una visita que le hizo el 6 de agosto. Hay
dos preguntas inmediatas: ¿Por qué Gámez que acababa
de hablar con Zapico no le telefoneó enseguida para revocar su
autorización y decirle que se lo pidiera al comandante del "República"?.
¿Por qué no dijo la verdad respecto al destino de Azcárate?. Desde
luego una llamada telefónica hubiese sido más rápida
y eficaz que una carta llevada en mano desde San Fernando hasta Cádiz
un 18 de julio de 1936. También hubiese sido muy interesante
que se hubiera tomado declaración al comandante del "República",
al jefe del estado mayor y al cabo cartero. Pero desgraciadamente el 16 de agosto se fusiló sin conocimiento formal del juez instructor a los tres procesados. Ese mismo día Azcárate había designado como defensor a Rafael Casares Uceda, capitán de Infantería y a Cossi y Macalio les notificaron la vergonzosa renuncia de su abogado.
Sobre
las 16,30 del domingo 16 de agosto se encontraban en el castillo de
Santa Catalina visitando a Azcárate, su esposa y sus dos hijos
mayores, cuando sin explicación alguna los echaron de la fortaleza.
Mientras esperaban en el exterior salió un vehiculo escoltado
por guardias civiles. El
capitán Jaime Puig Guardiola, jefe del estado mayor de la comandancia
militar de Cádiz, había dispuesto por orden del general
López-Pinto que la Guardia Civil trasladara a Azcárate
y al capitán de Infantería retirado Antonio Muñoz
Dueñas hasta el regimiento de Infantería n 33. El
teniente Luis Salas Ríos de la Guardia Civil se hizo cargo de
ellos y firmó el correspondiente recibo conduciéndolos
hasta el acuartelamiento de Infantería situado junto a Puerta
de Tierra. Allí Azcárate pidió ser confesado por
su amigo el padre Vicente de los carmelitas pero por error avisaron
al padre Vicente de los paules. Días
después este sacerdote entregaría a la viuda un papel
con el membrete de la sala de oficiales del regimiento en el que su
esposo había podido escribir sólo un nombre: "María
Ristori de Azcárate". Su último pensamiento fue para
su esposa y madre de sus 9 hijos. Unos soldados de Infantería al mando de un oficial lo trasladaron hasta uno de los fosos exteriores de Puerta de Tierra en donde le esperaba un pelotón de guardias de asalto para proceder a su ejecución. Alguien había ordenado esa mañana aplicarle el bando de guerra.
Puerta de Tierra, Cádiz
Tomás,
su hijo mayor, tuvo que pedir prestado el dinero para comprar el ataúd.
Se lo pidió al propietario de una sastrería de la calle
Columela de la que su padre era cliente y conocido. Al serle negado
se lo solicitó al dueño del bar "Sol" de la
calle San Francisco, quien en medio del silencio de todos los presentes
se lo dio. Alberto Hirón Castañeda, amigo tinerfeño
de Tomás, se encargó de comprarlo. Al día siguiente fue enterrado en San Fernando. El cadáver de Azcárate fue recogido en el cementerio de Cádiz por su hijo Tomás y su cuñado Félix transportándolo en un furgón de la Marina. Al llegar al panteón familiar les esperaban media docena de personas junto a Recaredo García Sabater, capellán de la Armada. La muerte se inscribió en el registro civil de Cádiz el 30 de agosto de 1936. El
sobreseimiento de la causa El
30 de diciembre de 1937 el auditor de guerra de Sevilla decretaba la
devolución del procedimiento sumarísimo al instructor
a fin de que se acreditara en el mismo si a los acusados les fue aplicado
el bando de guerra o se manifestase su situación y paradero en
su caso. Dado
que el comandante Camarero estaba en el frente se nombró como
nuevo instructor al de igual empleo y arma, Nicolás Chacón
Manrique de Lara, siendo auxiliado por el brigada Eduardo García
Tejero en calidad de secretario. Al
no encontrar antecedente alguno en los archivos del juzgado militar
se lo solicitaron por escrito al gobernador civil que entonces era Fernando
Vázquez Ramos, teniente coronel de la Guardia Civil. Este, en
oficio de 7 de diciembre participó textualmente "que a los
interesados según noticias adquiridas les fue aplicado el bando
de guerra". El
21 de diciembre de 1937, el general de división de Caballería
Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, acordaba mediante su firma el sobreseimiento
definitivo de la inconclusa causa que contaba con 129 folios útiles. Razones
de una muerte inexplicable Han
pasado 63 años desde el fusilamiento del capitán de fragata
Azcárate y su familia se sigue preguntando por qué. La
tramitación del juicio sumarísimo le estaba siendo favorable
y en todo caso dada la situación bélica le hubiera correspondido
una pena de prisión y la separación del servicio. Estaba en el gobierno civil con autorización expresa de su vicealmirante, no tuvo conocimiento de la famosa carta, no empuñó arma alguna, no tenía fuerza defensora a su mando y aconsejó reiteradamente la rendición para evitar más derramamiento de sangre.
La
forzada e inesperada aplicación del bando de guerra pudo tener
al menos en su caso tres factores desencadenantes. Los dos primeros
serían su nombramiento como jefe interino de la base naval de
Cádiz y las represalias que se iniciaron como consecuencia de
los bombardeos realizados por la flota republicana sobre las ciudades
de Algeciras, Cádiz y Ceuta entre otras. El tercer factor estaría tal vez muy relacionado con la misión reservada que Queipo de Llano ordenó personalmente para realizar en Cádiz a Francisco Vives Camino, capitán de Ingenieros destinado en el servicio de aviación. Dicho oficial al presentarse el general López-Pinto le entregó una carta manuscrita fechada en Sevilla el 4 de agosto de 1936. La
carta de Queipo de Llano El
contenido textual de la misiva de Queipo de Llano era el siguiente: "Mi
querido amigo y compañero: Un
abrazo de tu buen amigo y compañero: ¡Esto
se acaba!, lo más que durará son diez días. Para
esa época es preciso que hayas acabado con todos los pistoleros
y comunistas de esos". Según Tomás, el hijo mayor de Azcárate, que a sus 81 años ha dedicado una gran parte de su vida a investigar y esclarecer la muerte de su padre, el general López-Pinto tras conocer la misión reservada del capitán Vives telefoneó a Queipo de Llano para pedirle su relevo en Cádiz y le mandara a una unidad del frente. Semblanza de Tomás de Azcárate Jesús Núñez • DIARIO DE CADIZ •16/08/1999
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Zafra, espejo del Holocausto Montse Armengou y Ricard Belis Noche del 7 de agosto de 1936. Las tropas rebeldes se encuentran a pocos kilómetros de Zafra. Han tomado sin apenas resistencia el pueblo más cercano, Los Santos de Maimona, en la carretera general entre Sevilla y Badajoz. Zafra
está paralizada por el pánico, a oscuras. Solo las campanadas
de la iglesia dan apariencia de normalidad. Desde el Ayuntamiento,
el alcalde socialista José González Barrero prepara
la evacuación. Con la primera luz del alba, dos coches blindados de aspecto terrorífico avanzan hacia Zafra; uno lleva pintado en el capó un corazón de Jesús y el otro, la cara de Azaña con dos cuernos. Los siguen soldados de Regulares y legionarios capitaneados por el comandante Antonio Castejón. Marchan marcando el paso y seguros de que la entrada en Zafra será otro paseo militar. No encuentran ninguna oposición y, al llegar al Ayuntamiento, Castejón nombra una junta gestora.
Su primera
tarea marcará el terror que imperará en Zafra durante
los meses siguientes: Castejón ordena que se haga una lista
de gente significada de la izquierda, con unos setenta nombres (el
uno por ciento de la población), para ser fusilados el mismo
día. De nada sirve que en la localidad no haya habido ni una
víctima de derechas durante el dominio republicano. La lista Tras su elaboración, la lista se expone en una habitación y los habitantes de derechas pueden entrar y tachar el nombre que crea oportuno. Pueden efectuar hasta tres tachaduras, pero, para eliminar unos, hay que reemplazarlos por otros nuevos, con el fin de mantener siempre el mismo número. Hay un tira y afloja.
Ayuntamiento de Zafra El párroco Daniel Gómez Ordóñez trata de sacar el máximo número posible de nombres. Finalmente quedan 48. Poco a poco, los ocupantes realizan las primeras detenciones; en muchas plazas hay grupos de presos, todos con las manos en alto. A las 12.00 horas del mediodía, la columna de Castejón se prepara para dejar Zafra. Los militares abandonan la localidad por la misma carretera por donde han entrado siete horas antes. Los sigue una larga hilera de 48 reos. En grupos de siete En las
afueras comienzan los fusilamientos: los matan en grupos de siete,
de modo que el resto de los detenidos vea lo que les espera. A cada
trecho fusilan un grupo y la carretera que une Zafra con Los Santos
de Maimona queda sembrada de cadáveres. Mientras, en Zafra continúa la represión, ahora a cargo de la Junta Gestora y de los militares que se han quedado allí. En los primeros meses de ocupación, eliminarán a más de 200 personas en un pueblo de 7.000 habitantes, caracterizado por no haber tenido ni una sola víctima de derechas durante la Segunda República.
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La violencia se extendió por pueblos y ciudades. Fueron asesinadas personas que destacaron por su compromiso político -militantes, sindicalistas, alcaldes, diputados-, pero también otras que no tenían ninguna opción ideológica definida -maestros, militares demócratas comprometidos con el juramento de fidelidad a la República-. Y lo
que es peor: miles de personas, sobre todo mujeres, cuyo único
delito era su relación con alguien comprometido y buscado por
rojo (un concepto vago y amplio que, desde la óptica franquista,
era la esencia de todos los males). La cuestión era exterminar
al enemigo, a sus descendientes o su entorno: es decir, a quien hubiera
tenido relación con él. Esta sería la única
manera de liquidar a las capas más ideologizadas de la sociedad
e impedir que volviesen a levantar cabeza. En síntesis, se
iba a dar la vuelta por la fuerza a las elecciones y para siempre. No obstante, deben diferenciarse dos etapas distintas. La primera corresponde a los meses iniciales de la guerra, período que se ha llamado terror caliente -expresión del historiador Julián Casanova-, cuando no existía ninguna preocupación para disimular la violencia contra el enemigo, sino que se presumía de su exterminio. Una segunda etapa se inició en la primavera de 1937, la del terror legal, a partir del eco internacional que alcanzó la matanza en la plaza de toros de Badajoz, en agosto de 1936.
El 14 de agosto de 1936 las tropas nacionales tomaron esta ciudad y se repitieron las habituales escenas de terror, con la salvedad de que miles de personas, entre 4.000 y 9.000 (la desaparición de archivos impide cuantificar las víctimas), fueron asesinadas sin juicio alguno en la plaza de toros con metralletas. El general Juan Yagüe justificó la masacre como una necesidad logística: "Naturalmente que los hemos fusilado -dijo a un corresponsal estadounidense- ¿Pensaban que me llevaría conmigo a 4.000 rojos mientras mi columna avanzaba luchando contrarreloj? ¿Debía dejarlos en libertad a mis espaldas permitiéndoles que hicieran nuevamente de Badajoz una ciudad roja?" Pero el inesperado eco del episodio por la presencia de corresponsales extranjeros marcó un punto de inflexión para los franquistas. Los periodistas fueron duramente presionados para que cambiasen sus crónicas, sin éxito, y en adelante los franquistas se vieron obligados a disimular. Además, algunos sectores que habían apoyado el golpe -en el ámbito estatal e internacional- empezaron a sentirse incómodos con tanta sangre. Se inició
así otra fase, en la primavera de 1937, que Casanova ha calificado
como de terror legal. No se dejó de reprimir a la población,
pero los paseos y fusilamientos sin trámite dejaron paso a
juicios sumarísimos -simulacros de justicia- sin ninguna garantía
legal. Las víctimas pasaron así de la categoría
de desaparecidos a la de ajusticiados. Finalmente, con su decisivo apoyo, la jerarquía eclesiástica española legitimó tales represalias y las relegó a un segundo plano, ante la nobleza de ideales que atribuyó al bando franquista. Recordemos al respecto la difusión de la célebre carta pastoral firmada por casi todos los obispos de España, dada a conocer en julio de 1937, que convertía la sublevación en una Cruzada y justificaba la represión como único modo de evitar un mal mayor. El papa Pío XII, el mismo que se inhibiría de denunciar la persecución nazi contra los judíos, redactó, en abril de 1939, una pastoral que alababa a Franco por "conducir a España por el seguro camino de su tradicional y católica grandeza". La responsabilidad de la Iglesia española en la represión no tiene parangón en ningún otro país, pues bendijo el golpe y, al hacerlo, también el holocausto que comportó. Avance
capítulo "Las Fosas del Silencio" (127 Kb)
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Montse
Armengou y Ricard Belis. Las Fosas del Silencio. Revista Clío
/ Plaza & Janés 2004
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Europa
Press/Sevilla/29
de junio de 2004
- El secretario general de Relaciones con la Administración de
Justicia, Carlos Toscano, presidió hoy en Sevilla la constitución
del comité técnico que se encargará de la coordinación
de las actuaciones para la recuperación de la memoria histórica
de la Guerra Civil y la dictadura franquista. En
un comunicado remitido a Europa Press, la Consejería de Justicia
informó de que este comité, en el que participan representantes
de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica
y expertos universitarios en la materia, tendrá como objetivo
la propuesta de las actuaciones concretas que se vayan a desarrollar.
En este órgano también estará presente el fiscal
jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús
García Calderón, entre otros. Según
la Consejería, las actuaciones que se llevarán a cabo
pretenden ofrecer un "reconocimiento institucional y social de
las personas que fueron asesinadas y hechas desaparecer en Andalucía
durante la contienda civil española y la dictadura". La
Consejería de Justicia explicó que estas acciones se recogen
en el decreto aprobado el pasado año por el Gobierno andaluz
que establece las medidas de coordinación y apoyo necesarias
para, entre otros objetivos, hacer posible la recogida de testimonios
de familiares, estudiar y esclarecer hechos que aún permanecen
olvidados o confusos y localizar fosas comunes para la posible exhumación
y traslado de los restos de las víctimas, así como promover
su reconocimiento público mediante la construcción de
monumentos conmemorativos. De
acuerdo con estos fines, se convocaron distintos tipos de ayudas y subvenciones
dirigidas a entidades locales, universidades y asociaciones que desarrollan
trabajos en torno al restablecimiento de la memoria y la dignidad de
las víctimas de la represión franquista, a lo que la Junta
tiene previsto destinar a ello 300.000 euros durante este año. Asimismo, Justicia informó de que la Administración autonómica tiene previsto prestar la cobertura técnica necesaria para el descubrimiento de las fosas comunes, fundamentalmente a través de la participación de los institutos de Medicina Legal de la Administración de Justicia.
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Cortijo de El Marrufo (Jimena de la Frontera)
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La matanza de El Marrufo
Rafael
Sánchez Machuca vio, cuando apenas tenía seis años,
la masacre que cometieron el ejército franquista y los falangistas
en el cortijo de El Marrufo en 1936 con los hombres, mujeres y niños
que habían detenido en la Sauceda. Cree que en la provincia
quedan por descubrir muchas fosas comunes de fusilados G. Ortega / Europa Sur-Algeciras. Rafael
Sánchez Machuca tiene 73 años pero su cabeza sigue estando
muy bien amueblada. Tanto como para acordarse de algo terrible que
pasó cuando sólo tenía seis y que vivió
en primera persona: la entrada del ejército franquista y de
fuerzas de la Falange en el cortijo El Marrufo. Aunque lo peor no
fue que entraran, sino la masacre que desencadenaron inmediatamente
después con aquellos civiles. Es largo de contar, pero lo hizo muy bien J. Carlos Perales Pizarro en este mismo periódico el pasado domingo. Resumiéndolo mucho, en la capilla de ese cortijo se encerraron a mujeres y niños previamente apresados en la aldea próxima de La Sauceda, que fue exterminada. Muchas mujeres fueron fusiladas después de que las pelasen al cero y las violasen.
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Muy
cerca de esa capilla, agrega Perales, existe una pequeña pendiente
donde están enterradas esas mujeres. Es, probablemente, la mayor
fosa común de la provincia. Rafael Sánchez estaba allí. "Mi padre, que era un campesino que nunca se había metido en nada, huyó a refugiarse en la zona republicana, y también lo hizo un hermano mayor. Mis otros nueve hermanos, mi madre y yo fuimos trasladados unos veinte kilómetros, con una yegua y una mula. Nada de ir en camiones, como se ha dicho". El falangista Era
muy pequeño y estaba asustado. Mucho tiempo después, este
residente en la Estación de San Roque -lleva allí cuatro
décadas afincado- aún recuerda a un falangista disparando
a un campesino desarmado. "Llevaba una pistola
y un cigarrillo colgando de los labios. Cuando vio que yo apartaba la
mirada, sonrió de forma despectiva". Sánchez
Machuca está convencido de que, además de la fosa común
de El Marrufo, hay varias más en la provincia, una de ellas cerca
de Facinas. Y por supuesto ve muy bien cualquier iniciativa encaminada
a que se recupere la memoria histórica. Si no una recompensa,
los herederos de quienes perdieron esa cruenta guerra merecen al menos
que se les devuelva la dignidad arrebatada. Lo que Sánchez Machuca no tiene muy claro es que el régimen franquista se fuera abriendo con los años. De hecho, recuerda que a finales de los sesenta estuvo a punto de sufrir una larga condena porque le quitaron un papel que hablaba de "Franco y la bebida". "Decía que en España era el Soberano, que se casó con La Asturiana... En la prisión, menos mal, lo rompió un hombre del que luego supe que estaba en Comisiones Obreras", rememora.
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El Marrufo, fosa común En la capilla del cortijo de El Marrufo se encerraron a las mujeres y los niños apresados en la aldea de La Sauceda. Muchas de ellas fueron fusiladas después que las pelasen al rape y las violasen los franquistas.
J. Carlos Perales Pizarro. Investigador Recientemente hemos conocido la existencia de una fosa común correspondiente al año 1936 en el Cementerio de El Bosque. En ella, se encontraban enterrados vecinos de algunas poblaciones de la Sierra, que fueron fusilados. Las noticias sobre fosas comunes pertenecientes a la Guerra Civil se disparan; las asociaciones encargadas de la recuperación de la Memoria Histórica acumulan datos e informaciones; la Administración andaluza, con un valiente decreto, ampara a dichas asociaciones y familiares para que después de tantos años estas personas tengan al fin el reconocimiento que se les adeuda. Es mi
intención, desde aquí, modestamente, contribuir a esta
noble tarea de saldar una deuda con la historia, una deuda con todos
aquellos que, en definitiva, murieron por defender la sociedad que
hoy tenemos. Actualmente
investigamos la represión que se dio en Alcalá de los
Gazules durante la incorrectamente llamada Guerra Civil. Entre los
documentos y los testimonios a los que he tenido acceso, me he encontrado
con reiteradas informaciones que hablan de la toma de La Sauceda de
Cortes de la Frontera, que aunque es provincia de Málaga, está
muy próxima a Alcalá de los Gazules y muchas de las
personas que hoy viven en Alcalá procedían de allí.
Es, además, un lugar impresionantemente bello. La masacre cometida
en aquel pequeño poblado fue tremenda. Quiero hacer mención
a un lugar muy próximo a La Sauceda y directamente relacionado
con ella: el cortijo El Marrufo. Antes de la toma del poblado, las fuerzas del Ejército, Falange y demás especímenes de la represión tomaron El Marrufo, donde se ubicaba un destacamento de republicanos. Este precioso cortijo, con capilla incluida, situado en el término municipal de Jerez, era propiedad de uno de los mayores terratenientes de la comarca y actualmente pertenece a otro señor de la misma ciudad. Se cuenta en el lugar que su antiguo dueño podía ir desde Jerez a El Marrufo sin pisar tierra ajena. Una vez
tomado el cortijo del Marrufo, su propietario lo cedería a
las fuerzas franquistas para cuartel y, probablemente, lugar o centro
de tortura y detenciones. Fue tomado por tropas de Falange, Guardia
Civil, Ejército y demás voluntarios de las Milicias,
al mando del teniente del Instituto Armado José Robles, quien
había salido de Ubrique, camino de la aldea de La Sauceda,
a primeros de noviembre de 1936. En la
"Historia del Movimiento Liberador de España en la provincia
gaditana", publicado en Cádiz en 1944, Eduardo Julia Téllez,
cronista de la Diputación Provincial, nos relata de esta manera
la liberación de Alcalá de los Gazules: "El 31
de octubre, fuerzas del Batallón de Milicias del Puerto de
Santa María, destacadas en este pueblo, acompañadas
de los falangistas y voluntarios, emprenden una marcha hacia el lugar
conocido por Puerto Galis, consiguiendo tras larga lucha vencer la
resistencia de los elementos marxistas y establecer contacto con la
columna que llegaba de Jerez de la Frontera mandada por el Marqués
de Casa Arizona. La operación, como decimos, fue verdaderamente
dura, pero se consiguió, con la ayuda también de la
aviación, que tomó parte en ella, poner en fuga a los
que allí se habían hecho fuertes y aprisionar a muchos
de ellos". "Después
de vencer grandes obstáculos esta misma columna, con la que
también actúan falangistas y requetés de Algar,
y Regulares, se apoderan del cuartel marxista instalado en la hacienda
denominada El Marrufo, continuando el avance hasta adueñarse
de la Aldea de La Sauceda de Cortes, destruyendo los reductos rojos
y haciéndose numerosos prisioneros, que son llevados a distintas
cárceles. Al día siguiente, cumplidos los objetivos
señalados por el mando, regresa la columna a su punto de procedencia,
habiendo conseguido despejar el justo ambiente de temor creado por
la proximidad de los revoltosos que amenazaban constantemente no solo
la población de Alcalá, sino sus alrededores". "Todavía
quedaron diseminados algunos elementos por distintos lugares de las
cercanías, pero con todos estos fueron acabando los falangistas,
haciéndolos prisioneros, libertando a las personas que tenían
secuestradas y, como ya decimos, haciendo que por fin reinara la más
absoluta tranquilidad". También
en el Diario de la Falange de Alcalá de los Gazules encontramos
referencias claras al respecto: "En este día empezaron a llegar al pueblo mujeres y niños huidos de los rojos y no fue pequeña la tarea que se presentó a los Milicianos y Falangistas que no asistieron a la operación, los que por sus años no eran aptos para ello, para darles alojamiento y procurando facilitarles ropas, todos venían chorreando, y alimentos, habilitando la antigua casa Ayuntamiento para habitación y comidas los comedores de la Falange". Entre los documentos de los milicianos encontramos referencias claras de sus declaraciones juradas, de sus solicitudes de ingreso en la Falange, de sus méritos alegados: "Desde su comienzo, presté todos cuantos servicios me encomendaron los Jefes, tanto en la localidad, en otras y por el campo, recuperando personas, ganado, granos, comestibles, carbón, etc, y más de una sola vez sostuve tiroteos para llevar a cabo estos servicios que me encomendaban; fui voluntario al término de Conil en operación de limpieza y también estuve en Barbate el mismo día que estaba bombardeando el Churruca.
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Formé parte de la columna que se reclutó en esta al mando del capitán D. Antonio Fernández Salas, saliendo para el Puerto de Galis a unirse a la que mandaba el Comandante Arizona y que tenía por misión la toma de varios cuarteles, destacamentos de rojos y la toma de la aldea 'La Sauceda'. Como sargento de caballería de la columna, formada en esta, debo hacer constar que fui siempre a la cabeza, llegando el primero a los sitios señalados por el mando. Conduje en varias ocasiones y bajo mi responsabilidad armamentos y municiones para la defensa de esta población y de destacamentos formados en sitios estratégicos de este término; hice captura de rojos y conduje a detenidos a otras poblaciones. Fui al mando de voluntarios milicianos para su incorporación a La Línea de la Concepción". Otros
voluntarios alegan, entre sus méritos, lo siguiente: "...como
miembro de las milicias ciudadanas, prestó los servicios que
le fueron encomendados y en la noche de la toma de La Sauceda, formó
parte de las patrullas voluntarias que se organizaron para la vigilancia
de esta ciudad, por ausencia de fuerzas que habían acudido a
la Sauceda (...) voluntario a la toma de La Sauceda, a la colonia de
Campano y a Roche y este día al tener noticias del bombardeo
de Barbate ordenó la superioridad que fuéramos para prestar
auxilio a la población e innumerables veces recorridos a todo
el término acompañando a la Guardia Civil y Carabineros
para sofocar los focos rebeldes que quedaban" Las
referencias son claras. Evidente es la responsabilidad de las autoridades
militares y civiles, en unión de los voluntarios de Falange,
requetés y milicianos. Los
recuerdos que de aquellos días se tienen son también bastante
elocuentes: camiones cargados de todo: enseres, muebles, comestibles,
ganados de todas clases y personas llegaban al prado, procedentes de
la Aldea de La Sauceda, que literalmente había sido barrida,
exterminada. Desde allí fueron conducidos prisioneros, probablemente
las mujeres y niños en camiones, los hombres a pie, hasta el
cortijo de El Marrufo. En su capilla, que aún hoy se conserva,
y que podéis ver en la foto, se encerraron a las mujeres y los
niños. Algunas mujeres recuerdan aún cómo fueron
peladas a rape muchas de ellas y cómo, durante las noches y madrugadas,
algunas eran sacadas de la capilla para ser fusiladas. Otras para ser
violadas y posteriormente también fusiladas. Allí
mismo, muy cerca de la capilla, tras unas naves que aún hoy se
conservan, existe una pequeña pendiente; allí en esta
pendiente, en tiempos pasados presidida por una cruz de hierro, se encuentra
la fosa donde estas inocentes fueron enterradas. Allí, aún
hoy, están los restos de aquellas mujeres y de sus hijos.
La Junta de Andalucía ha dado un paso importantísimo con el decreto aprobado. Ahora, más que nunca, es necesario que lo que mantiene ese decreto se lleve a la práctica. Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica deben hacer un ejercicio de responsabilidad y evitar el partidismo. Todos los muertos son nuestros muertos.
General Queipo de Llano:
"Id preparando sepulturas" "Estamos
decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: ¡Morón,
Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas¡
Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a
ejercer coacción ante vosotros; que si lo hiciéreis así,
quedaréis exentos de toda responsabilidad". "¿Qué
haré? pues imponer un durísimo castigo para callar a esos
idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos
los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo
callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré". "Nuestros
valientes legionarios y Regulares han enseñado a los cobardes
de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también
a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas
se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre?. Ahora por
lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos
maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen (...) "Ya conocerán mi sistema: Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello: les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar".
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Las fosas de Órgiva
"Las matanzas de Órgiva eran llevadas a cabo por la Brigada Criminal de Murcia, formada por unos 15 guardias civiles que imponían el pánico y el terror." (Órgiva, hitos de su historia. Juan González Blasco) El catedrático
de Economía de la Universidad de Granada Juan González
Blasco, cronista de Órgiva, calcula que en la fosa de El Carrizal
fueron fusiladas y enterradas en "cal gruesa viva" unas "5.000
personas". El aparato represor de los franquista convirtió
este bello pueblo alpujarreño en una zona de exterminio de republicanos,
sin diferencias de edad, nivel solcial o sexo. El
hallazgo de los restos no fue fortuito. Miembros de ARMH en Andalucía
se acercaron al lugar el sábado por la mañana para comprobar
el estado de una zona en la que el Ministerio de Fomento viene realizando
movimientos de tierra para colocar muros de contención, que eviten
la llegada de deshechos al pantano de Rules, en las estribaciones de
Sierra Nevada. Hasta el momento se han edificado dos diques sobre los
terrenos de El Carrizal y está previsto construir siete más. La ARMH había recibido la queja de algunos vecinos porque no se respetaba una zona que siempre se ha considerado como el "segundo cementerio de Órgiva" y una de las mayores fosas de la Guerra Civil, donde habría miles de republicanos enterrados, tras ser capturados y fusilados en su huida hacia La Alpujarra procedentes de la costa de Málaga. "Tras
el chivatazo, hablamos con personal de la obra y nos confirmaron que
sabían que había una fosa, pero que habían mirado
para otro lado", explica Cecilio Gordillo, vocal de exhumaciones
de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
en Andalucía. Por el
pueblo corrió la voz de que los operarios estaban encontrando
huesos y restos humanos, que hacían desaparecer. Pero nadie lo
denunció en el juzgado. "Es que los operarios tienen miedo
¿sabe? Porque entonces se paralizan las obras y se quedan sin
trabajo", les disculpaba la semana pasada una vecina que no quería
que se citara su nombre. Por eso,
ya a principios de julio, la propia asociación, así como
el grupo municipal socialista, que está en la oposición,
solicitaron al Ayuntamiento de Órgiva (gobierno PP), a la Consejería
de Justicia de la Junta de Andalucía, a la Subdelegación
del Gobierno en Granada y al propio Ministerio de Fomento que intervinieran
para paralizar las obras y hacer una excavación arqueológica
que permitiría, en su caso, exhumar los restos que se encontraran,
como ya se ha hecho en otras zonas de España. Incluso pidieron
el amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien
admitió a trámite su queja y ha iniciado una investigación. Ante la
falta de respuesta del Ministerio, los miembros de la asociación
decidieron acudir al lugar. "Vimos que las obras habían
afectado a gran parte del paraje", relató el sábado
Gordillo. "Los movimientos de tierra barrieron
un camino que subía por el barranco hasta una cruz, que según
nos cuentan en el pueblo, habían colocado familiares de los fusilados". Allí
mismo fue donde decidieron excavar. "Pero fue prácticamente
con las manos, porque la tierra estaba suelta. Estuvimos batiendo y
fueron apareciendo los restos". relató. Lo siguiente fue
poner una denuncia ante la Guardia Civil. Gordillo se quejó de
que no apareciera el juez de guardia, aunque sí lo hizo el forense
Fernando Méndez, quien certificó que se trataba de restos
humanos, con "más de 20 años" e hizo hincapié
en que, por lo tanto, había prescrito el delito. "Nosotros no perseguimos culpables", explicó ayer Cecilio Gordillo Giraldo. "Queremos que se haga un trabajo sistemático de reconocimiento de estos lugares, sin más pretensión que el respeto a las familias". Fusilamientos En la parte de arriba del barranco, encima del actual puente, hay 149 personas fusiladas y entre ellos, una mujer conocida en Órgiva por Nicolasa, que era madre de 11 hijos. "Nicolasa fue ejecutada allí mismo, junto a su marido y su hijo mayor, quedando huérfanos los restantes diez niños. En la parte de abajo, es decir, a la izquierda de la carretera con destino a Lanjarón, es imposible cuantificar el número de personas a las que quitaron la vida". Un pastorcillo de Las Barreras, Simón Pérez Rodríguez, que aún hoy vive, recuerda que siendo niño, a diario pasaba un camión lleno de criaturas, "...con 70 ó 80 personas, procedentes de pueblos de la Alpujarra. Al rato se oía el tiroteo de las pistolas. Así un día y otro. Hay miles y miles de personas fusiladas y también otras personas que vivían en Las Barreras, pueden dar fe de ello". Cabras
y disparos Después
de las descargas de fusilería, «vecinos
de Órgiva que cobraban por ello, se encargaban de echar los cuerpos
en fosas comunes, y de echarles cal viva para borrarlos aún mas
del mapa», explica Simón Pérez. El catedrático y escritor orgiveño, Juan González Blasco, que se ha basado en testimonios como el de el pastor del Carrizal para escribir "Órgiva, hitos de su historia" , acompañó ayer a su amigo Simón hasta el paraje en cuestión, y volvió a reclamar medidas para dignificar el lugar. «Corresponde a las autoridades de Órgiva tomar una buena decisión para el Carrizal. Yo no soy político y no me gusta que este tema se politice. Lo que sí creo conveniente es que se puede conciliar las obras públicas con la memoria histórica de este paraje. Hay que rescatar esa memoria y adecentar el lugar sin más demora», pidió el investigador González Blasco.
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El "Segundo cementerio de Órgiva" La fosa de El Carrizal siempre ha tenido fama de ser muy importante, aunque no hay documentación que acredite cuántas personas exactamente pueden estar enterradas en ella. Todos los cálculos están basados en relatos de la gente de los pueblos de La Alpujarra, entre los que aún quedan testigos vivos.
Como Simón
Pérez, de 76 años, quien todavía recuerda la imagen
de los camiones que llegaron cada día, desde agosto de 1936,
al inicio de la Guerra Civil, cargados con hombres, mujeres y niños,
y que él veía desde lo alto del barranco, donde acompañaba
al pastor que cuidaba las cabras de su familia. "Los
veía echar a la gente abajo [de los camiones], amarraicos. Los
mataban a tiros y caían rodando, abajo a la zanja. Luego les
echaban cal gruesa viva", explicaba el pasado jueves en
su casa de Órgiva. "No tengo miedo
a decirlo, porque es la verdad". Su testimonio y el de al menos una decena de vecinos del municipio le ha valido a Juan González Blasco, autor del libro "Órgiva, hitos de su historia", para calcular que en el lugar estarían enterradas "unas 5.000 personas", de las que unas 350 eran personas "con nombre y apellidos" de los pueblos de La Alpujarra. "Sólo en la calle Polo, donde nací, de pocos metros, hay 10 fusilados", indica. En la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía calculan que la cifra puede ser menor, entre 2.300 y 2.500. "El barranco de El Carrizal está justo enfrente de la Sierra de Lújar, donde se refugiaba el bando republicano", cuenta Francisco Navea, vocal jurídico. "Cogían a la gente de Málaga, de la zona, e incluso de Alcalá La Real, en Jaén, y la traían. Los fusilaban ahí mismo, delante de los combatientes republicanos, para que les vieran y se desmoralizaran". «Las ejecuciones se hacían temprano»
Rafael
Vílchez / Órgiva. Simón Pérez Rodríguez
tiene 76 años y conoce el Barranco del Carrizal, en Órgiva,
como la palma de su agrietada mano. De chico pastoreaba cabras por aquel
paraje y, según afirma, fue testigo del fusilamiento de personas
que habían sido detenidas por las tropas de Franco durante la
Guerra Civil. «Llegaban camiones cargados
de republicanos y gente de izquierdas. Venían amarrados y humillados
y eran fusilados por la escuadra negra franquista. Después los
remataban con pistolas y puñales», rememoraba ayer
el pastor del Carrizal, que es como le dice la gente de la Alpujarra,
en el lugar de los hechos. Su declaraciones confirmarían que bajo la tierra y las piedras del Carrizal, lugar que ha elegido el Ministerio de Fomento para levantar un dique, puede haber un verdadero cementerio fantasma, una posibilidad que ha animado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a exigir a las autoridades una investigación arqueológica con todas las garantías. El
PP, que gobierna Órgiva, y el PSOE -manteniendo sus diferencias-
también ha coincidido en la necesidad de recuperar los cuerpos
que pudiera haber y de dignificar la zona. El delito
de "auxilio a la rebelión" Haberse
mantenido fiel a la República durante la Guerra Civil fue considerado,
a partir de 1940, después de la victoria del general Franco,
un delito de "auxilio a la rebelión". Miles de españoles
pasaron años y años en la cárcel por esa falta,
otros tantos murieron fusilados. Los juicios sumarios que precedieron
a la prisión o la muerte no han sido anulados. Los expedientes
reposan en archivos civiles y militares junto a otros detalles de la
represión. Por eso el PSOE ha presentado en el Congreso una proposición
no de ley para que se anulen esos fallos. Según
los datos de los investigadores socialistas, más de 500.000 personas
sufrieron prisión y otras 150.000 murieron fusiladas. Con ellos,
y especialmente con sus familiares, dice la proposición, la "democracia
tiene una obligación moral, pero también jurídico-política".
"Que los rebeldes contra la República
condenaran por el delito de auxilio a la rebelión a quienes se
mantuvieron fieles a las leyes y a los principios constitucionales es
algo más que un sarcasmo, fueron actos cuyo caparazón
pseudo-jurídico debe ser destruido, aunque lo sea a posteriori.
Y lo ha de ser desde la legalidad democrática por fin recuperada",
añade la iniciativa, promovida por la diputada Amparo Valcárcel.
Los socialistas recuerdan que un caso muy similar, el de la persecución
ideológica y moral de la Alemania nazi, se promulgó una
ley específica para derogar los "fallos injustos" de
los tribunales nacionalsocialistas. La iniciativa
dice basarse en el espíritu de otra aprobada por unanimidad en
el Congreso el pasado 20 de noviembre de 2002 en la que se condenaba
por primera vez el franquismo y se ofrecía ayuda a los familiares
de los asesinados enterrados en fosas comunes para que recuperen sus
restos. Sin embargo,
los familiares se quejan de que apenas están recibiendo ayuda
oficial. Las fosas se siguen abriendo, con cuentagotas, gracias a vecinos,
voluntarios internacionales y el empeño de la Asociación
por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que
poco a poco ha ido ampliando sus miembros -ya llega a unos 250- y ha
logrado recuperar más de 200 cuerpos. Pero la
labor, según confiesa Santiago Macías, portavoz de ARMH,
les supera. Tienen más de 2.000 peticiones en toda España.
Y sólo algunos gobiernos autonómicos, como Extremadura,
País Vasco, Asturias o Cataluña, han anunciado su intención
de echar una mano. Casualmente, en ninguno de ellos gobernaba el PP. La asociación pide al menos el mismo trato que los militares de la División Azul fallecidos en las heladas estepas rusas. El Gobierno ha gastado ya 130.000 euros en recuperar 1.162 cadáveres de estos soldados y en honrar su memoria a través de un cementerio en Pankovska (Rusia). Más info: IdealDigital de Granada
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Julio,
agosto, septiembre de 1936... El silencio de la noche se rompía
con el sonido lejano de los camiones que paraban cerca de una vieja
venta ruinosa situada frente a Concud, un pueblecito semioculto en una
hondonada a pocos kilómetros de Teruel. Luego, unas voces, unos
gritos y una salva de disparos cuyo eco enlazaba con el brusco sonido
de unas detonaciones aisladas. Dos, tres, cuatro y hasta diez en alguna
ocasión. De nuevo el silencio y al rato la brisa nocturna acercaba
hasta Concud el rumor de los camiones que se alejaban. Aquella
escena sonora se repitió noches tras noche durante varios meses,
desde julio de 1936 hasta diciembre de 1937. No muy lejos de la venta,
un labrador de Concud apuntaba en un cuaderno los tiros que oía
con la certeza de que cada palote que trazaba en su libreta representaba
una muerte. "Apunté alguno más
de mil", dijo el hombre, 35 años después,
a Volnei y Jaurés Sánchez, dos viejos socialistas turolenses
cuya madre y hermana hicieron el último viaje de su vida en uno
de aquellos camiones. Allí las mataron, allí les dieron
el tiro de gracia -un trazo en la libreta del labrador- y allí
arrojaron sus cuerpos al pozo de la venta. Ellas, María Pérez
Macías y su hija Pilar, son dos de las 1.005 personas fusiladas
y rematadas cuyos restos reposan en los llamados pozos de Caudé. 84 metros La
vieja venta, hoy inexistente, se levantaba junto a un pozo de 84 metros
de profundidad y algo más de dos de diámetro que se encuentra
en el kilómetro 126 de la N-234 de Sagunto a Burgos; es decir,
al lado de Teruel, camino de Zaragoza. El pozo, uno solo y que se ubica
en las proximidades de Concud, es paradójicamente denominado
con el nombre de Caudé, otro pueblo vecino pero más alejado
que el primero. Los
dramáticos sucesos acaecidos en aquel lugar han permanecido ocultos
pero no olvidados durante sesenta años. Ahora, parientes de las
víctimas, con la colaboración de los herederos ideológicos
de aquellos fusilados, se han empeñado en recuperar su memoria,
sumándose, quizá sin saberlo, a una imparable corriente
que intenta contar de nuevo la reciente historia de España tal
como fue y por dolorosa que ésta sea. Un camino iniciado hace
dos años cuando Emilio Silva, nieto de un simpatizante de Izquierda
Republicana que era propietario en Villafranca del Bierzo de una tienda
de coloniales a la que puso de nombre La Favorita, decidió buscar
los restos de su abuelo al que mataron de un tiro en la nuca, la madrugada
del 16 de octubre de 1936 en un paraje cercano a Priaranza (León). "Ni
la tierra los quiere" De
ese modo, este verano, los arqueólogos de la ARMH localizaron
en Piedrafita de Babia (León) la fosa donde estaban enterrados
37 republicanos fusilados el 5 de noviembre de 1937. Entre ellos aparecieron
los restos del teniente Víctor Pérez Poveda. Su hijo,
Manuel, pudo recuperar a su padre en aquel mismo lugar donde 65 años
atrás el cura del pueblo exclamó que "a
esos rojos ni la tierra los quiere" cuando casualmente un
perro desenterró parcialmente un cuerpo. "Sin
odios, ni revancha. Sólo aspiramos a que se cuente lo que pasó
tal como fue", dijo Emilio Silva. "España
ha cambiado. Por favor, que nadie politice nuestro deseo de buscar a
mis familiares, de averiguar qué sucedió y recuperar para
todos la memoria de cuantos murieron como mi madre y mi hermana",
rogó, literalmente, Jaurés Sánchez. Emilio
y Jaurés no se conocen pero les une el mismo deseo emocional
de honrar a sus seres queridos. En ninguno de los dos se percibe el
rencor. Ni en ellos, ni en los familiares de otros desaparecidos con
los que "La Vanguardia" ha hablado. La coincidencia se extiende
al argumentar, e incluso justificar, el porqué de sus acciones.
José Manuel Conejero, representante de CNT en Teruel y uno de
los impulsores de la futura Fundación Pozos de Caudé,
lo resume así: "Nadie puede negar
que en la guerra se cometieron barbaridades en ambos bandos, en ambas
retaguardias. Hubo asesinatos cometidos por nacionales y por rojos.
Pero sólo se han contado los de un lado. No es justo que en la
España democrática haya personas que no sepan dónde
están los restos de sus padres o de sus abuelos". Así
es en Caudé. No se conoce la identidad de la mayoría de
los mil muertos arrojados al pozo. De hecho, se cuentan por centenas
las familias habitantes en pueblos o caseríos de la zona que
no saben a ciencia cierta dónde se hallan los restos de aquel
familiar que un día de 1936 se lo llevaron para no volver jamás.
Las hay de Teruel capital, de Santa Eulalia, de Gea de Albarracín,
de Villarquemado, de Concud, de Caudé, de Dos Torres, de Las
Cuevas y de muchos más lugares.
Falangistas:
Represalias contra la familia Tras
su huida, las represalias, dirigidas principalmente por tres falangistas
locales conocidos por el Estanquero, el Calamocha y Herrero, cayeron
inmediatamente sobre su familia. El 6 de agosto de 1936, María
Pérez Macías, esposa de Ángel, fue detenida, fusilada
y arrojada al pozo de Caudé. Un mes después, unos guardias
civiles detuvieron a Pilar, de 17 años. Sin sus padres y sin
su hermana mayor, los pequeños Volnei y Jaurés pasaron
a vivir en casa de una tía. Lo sucedido con Pilar se sabe porque
uno de los guardias que la mató lo contó a un amigo de
la familia. Dicen que lo narró con tristeza. El
guardia explicó que el 7 de septiembre le dieron la orden de
fusilar a dos jovencitas, una de las cuales era Pilar. Un compañero
y él las llevaron durante la madrugada del día 8 en camión
hasta las inmediaciones del pozo. Pararon el vehículo al borde
de la carretera y al apearse les señalaron la ruinosa venta,
a la que se accedía por un camino terroso de un centenar de metros.
"Id hacia allí que os esperan para
fregar unas perolas", les dijeron. Las chicas, quizá
confiadas, caminaron hacia la venta y a mitad del trayecto los guardias
dispararon contra su espalda. Luego arrojaron sus cadáveres al
pozo. "Eran tan jóvenes. Nos daba
pena fusilarlas. No quisimos que pasaran por el paredón y se
nos ocurrió engañarlas", adujo aquel hombre
para explicar este tristísimo episodio de las perolas imaginarias. Un ramo de flores "A
lo mejor mi hermana no sufrió",
comentó de improviso Volnei cuando, sesenta y seis años
después, caminaba en silencio por donde cayó muerta Pilar. Más y más ramos de flores Tras la victoria electoral socialista de 1982, las flores comenzaron a depositarse sin tanto temor. Uno de los días que los hermanos Sánchez habían acudido dejar su ramo, un "labrador, ya mayor, pequeño y que caminaba con un bastón" se acercó hasta ellos. Tras preguntarles si tenía familia en el pozo, les dijo que antes de morir quería contarles lo que había vivido. Entonces les relató cómo desde Concud oía por la noche los camiones y apuntaba en una libreta los tiros de gracia con los que remataban a los fusilados. También les dijo que cada mañana la gente del pueblo confirmaba lo sucedido.
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La libreta del labrador La
peculiar forma de evaluar muertes del labrador dio como resultado una
cifra -"alguno más de mil"- que vino a confirmar otro
recuento más científico pero no menos dramático,
realizado por el primo de Ángel, José Sánchez,
cuando estaba preso en Zaragoza durante los primeros años de
la posguerra. José habló con los compañeros de
reclusión procedentes de Teruel y entre todos llegaron a la conclusión
de que en Caudé había 1.005 cuerpos. Si hay más
o menos nadie lo sabe, aunque los testigos aseguran que el pozo se llenó
totalmente de cadáveres hasta el extremo de que abrieron zanjas
en sus proximidades donde enterraron a más víctimas. Hoy, en el brocal, alguien ha escrito con pintura roja "pozo artesiano de 84 metros de profundidad lleno de fusilados en 1936. Un recuerdo de vuestros compañeros". La inscripción forma parte del austero y modesto monumento en su memoria levantado en 1980 con la buena voluntad de quienes no han querido olvidarlos. Un monumento que costó 119.636 pesetas y al que nueve familias han añadido, en forma de lápida, su homenaje personal. Este fenómeno, que representa la recuperación de la memoria de los muertos por la República, se extiende espontáneamente por España, pero a ritmo desigual. Así, mientras en Teruel podría decirse que comienza, en León o Burgos las exhumaciones son un hecho que ya recibido un apelativo que lo define: "La arqueología de la reconciliación". Fuente:La Vanguardia Digital (20/10/2002)
Guadalupe
tenía 17 años, unos ojos preciosos y mucha gracia cuando
paseaba por el escenario del teatro de la Sociedad Obrera y Agrícola
de Cella la bandera republicana. Representaba con un nutrido grupo de
jóvenes actores la sublevación de Galán y García
y cantaban: "Cuando
se formó la España, según los escritos mandan,
que todos somos hermanos y nuestra madre la patria. Si es nuestra madre
la patria ¡qué mal se hizo la parte! que vosotros estáis
hartos y nosotros muertos de hambre." Era
un éxito artístico y político pero la escabechina
que siguió al 18 de julio de 1936 en Cella frustró la
trayectoria del cuadro de actores. A Guadalupe la detuvieron una mañana
de ese verano, y su madre corrió tras ella: "Voy donde vaya
mi hija", gritó a los falangistas que se la llevaban. Fue
y las fusilaron a las dos. Guadalupe
Sánchez y su madre, Tomasa Lorente, son dos de los 1.005 cuerpos
que hay enterrados en los pozos de Caudé, una inmensa fosa común
situada a pocos kilómetros de Teruel, en la carretera de Zaragoza.
La cal con la que cubrían los cuerpos de los hombres y mujeres
fusilados, amanecer tras amanecer, no deja crecer las acacias que Francisco
Sánchez, presidente de la recién constituida Fundación
Pozos de Caudé, se empeña en plantar. Cuando murió
Franco partidos de izquierda y sindicatos levantaron un monolito para
dignificar la fosa común. Ahora, PSOE, Izquierda Unida, Partido
Comunista, UGT, CCOO y CNT, han constituido una fundación para
recuperar la memoria de los muertos; su identidad, si es posible, y
recordarles con el respeto que merecen. ...y llegaron los falangistas El abuelo de Francisco Sánchez, Francisco Sánchez Ortiz, dirigente de la Sociedad Obrera y Agrícola de Cella y militante de la UGT, está con Guadalupe y Tomasa en el fondo del pozo. Lo detuvieron el 26 de agosto del 36 y lo fusilaron horas después. "Eran
las seis de la tarde, yo estaba jugando en la calle con mis amigos cuando
llegaron unos falangistas y detuvieron a mi padre. Dijeron que se lo
llevaban al cuartelillo para declarar y una prima de mi madre, que era
de derechas, dio la cara por él y se fue con mi madre a Teruel
para buscar influencias, pero no tuvo nada que influir. Le dijeron que
lo habían fusilado por la noche". Paco
Sánchez tenía 13 años ese agosto del 36. Hoy, a
sus 79 años, recuerda con absoluta nitidez ese día, los
siguientes y los siguientes de los siguientes. No da ni un respiro al
olvido. "Supimos
que mi padre consiguió romper la cuerda de máquina con
la que le habían atado las manos e intentó escapar, pero
le aconsejaron que no lo hiciera: irán a por tu mujer y la matarán",
le dijeron. Habría dado igual. A su mujer, Librada Ortiz Hernández,
fueron a buscarla unos días después. Se escondió
en un pajar y sus parientes más directos dijeron que había
ido a Fuentes Claras a pedir ayuda a unos familiares. Por la noche preparó
una yegua, ató a sus dos hijos más pequeños a los
aparejos del animal y la soltó. Librada sabía que la yegua
iría sola hasta el monte Carrascal y allí se encaminó
con sus tres hijos mayores sorteando pajares y burlando a los falangistas
que montaban guardia. "Cuando llegó la yegua con los niños
pequeños fuimos a la masada de Torán, camino de Bezas
que era zona roja, pero al llegar allí nos asustamos, porque
había brasas. Aparecieron dos hombres y le gritaron a mi madre
¿adónde vas? Y mi madre, que tenía un par de pelotas
--dígalo así, pide Paco--, les respondió: con los
rojos. ¡Pues aquí nos tienes! gritó uno de ellos
abrazándose a mi madre. Se quitaron la gorra y vimos que eran
mujeres. ¿Dónde se había visto mujeres con pantalones?"
pregunta Paco. Las milicianas nos llevaron a Bezas en un camión
del batallón de Azaña y cinco días después
mi abuelo materno y dos primos vinieron a buscarnos." Detrás
de los 86 fusilamientos que hubo en Cella en el verano del 36 está
el espíritu de la Sociedad Obrera Agrícola, un proyecto
cooperativo que ya estaba muy extendido en el Teruel republicano en
contraposición con la estructura caciquil. Muchos de estos socios
también están en el pozo de Caudé con su padre,
con Guadalupe y su madre Tomasa... Para
completar la lista de 1.005 fusilados a los que la fundación
quiere rendir homenaje sólo hay que dar un rodeo por el entorno
de Teruel capital. La consigna de Mola el 19 de julio del 36 --"sembrar
el terror eliminando sin escrúpulos a todos los que no piensen
como nosotros"-- explica tantas tapias de cementerios laceradas
con plomo, tantas cunetas sembradas de cadáveres y ese pozo de
84 metros de profundidad que se quedó pequeño y hubo que
cavar varias fosas alrededor. El teniente de la Guardia Civil Eloy
Villanueva también quiere recuperar la memoria de su padre, Carlos
Villanueva, fiscal de Cella en el 36, que también fue fusilado
junto al brocal del pozo. "Se llevaron a mi padre y dejaron a mi
madre con la luz del sol y cuatro hijos, el mayor de 9 años y
la pequeña de seis meses", relata Eloy. "Yo tenía
7 años y tengo grabada a fuego esa noche, con mi madre llorando
a gritos ¡lo van a matar, lo van a matar! y yo encogido de miedo,
acurrucado como un ovillo". Al padre de Eloy se lo llevaron en
el último camión que salió de Cella cargado de
presos. "Si hubo un último camión
fue porque vino un teniente de la Guardia Civil a poner orden en el
pueblo y ya no admitió más denuncias sin fundamento".
Y si las hubo, al menos no fueron ejecutadas al libre albedrío
de cuatro matones. Fue ese teniente de la Guardia Civil el que acabó
con la sangría incontrolada de Cella, pero no pudo hacer nada
por Emilia Pardos Casino, la mujer del alcalde, Román Lanzuela:
"El pudo escapar antes de que lo detuvieran,
pero a ella la cogieron y la fusilaron". Lo
de Caudé fue un auténtico holocausto, cuentan los testigos
de aquellos días amanecidos en sangre. Lo contó un pastor
de Concud que guardaba el rebaño en una paridera cercana y noche
tras noche contaba los tiros de gracia y los anotaba en una libreta,
uno a uno hasta 1.005. Contó también que se acostumbró
al sonido seco de las balas pero no olvidó nunca los gritos de
un herido que pedía una soga desde el fondo del pozo. Un saco
de cal viva acabó con los gritos que desvelaban al pastor. Lo
contó José, un arrepentido que se había afiliado
a la Falange con 17 años y que no pudo soportar aquel horror.
"La primera vez que lo llevaron al pozo se
cagó en los pantalones", cuenta Paco. "Era un
crío y no tenía valor", justifica Eloy. "No sirve de nada" Tanto
Paco como Eloy hacen esfuerzos para no dar nombres de los asesinos.
A veces se les escapa alguno, un nombre de pila seguido del alias: El
Cojo Cora, el Estanquero de Teruel, el Falangista de Calamocha... y
Francisco Sánchez, hijo de Paco y presidente de la Fundación
Pozos de Caudé los frena: "No sirve de nada", les dice.
Pero Paco y Eloy han abierto la compuerta de los recuerdos y quieren
rendir homenaje a Los Colorados, cinco hermanos de Cella asesinados
por el mismo artículo que los demás, por no pensar igual
que Mola. Paco Sánchez acaricia las hojas de un cuaderno en las
que tiene anotados los nombres de los 86 vecinos de Cella fusilados.
Junto al nombre aparece la edad, la profesión y el número
de hijos si los tenían. "Tome nota", dice a la periodista:
Nicolás, Juan, Fidel, Julián y Joaquina González
Casino, conocidos por Los Colorados y fusilados el mismo día.
Todos dejaron viudas, viudo e hijos. También Eloy quiere tener un recuerdo muy especial para su tía Felisa Hernández Rubira: "La llamaron a la plaza. Allí los concentraban a todos y leían sus nombres en voz alta para que subieran al camión. Mi tía Felisa se encontró en la plaza a su madre y a su hermana. Cuando la llamaron para subir al camión el soldado que pasaba lista la reconoció y dijo que había un error. No subas, le dijo, y mi tía echó a correr. Cuando salió de la plaza reparó en su madre y su hermana, pero no tuvo valor de volver a despedirlas". Fuente: Periódico de Aragón (10/11/2002)
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Los
campos de exterminio Aunque se tenían algunas referencias merced a la publicación de las memorias de algunos antiguos presos políticos del franquismo, ha sido ahora cuando se ha documentado ya con rigor histórico la existencia en la España de la guerra y la posguerra civil de auténticos campos de exterminio. A diferencia
de los campos de concentración, en los que los prisioneros
políticos eran utilizados sistemáticamente como “esclavos”
y donde en no pocos casos los internados fallecían también
a causa de las pésimas condiciones de vida y trabajo a las
que se encontraban sometidos, los campos de exterminio franquistas
eran, al igual que sus homólogos nazis de tan triste recuerdo,
centros destinados fundamental y casi exclusivamente a la pura y simple
ejecución de sus internados. Castuera Antonio
Miguel Bernal señalaba en las jornadas sevillanas que está
perfectamente documentada la existencia en la población extremeña
de Castuera de un campo de exterminio creado a principios de la guerra
civil, inmediatamente después de la toma de Badajoz por las
tropas franquistas, a mediados de agosto de 1936, en el que a diario
se produjeron fusilamientos y donde existe un gran número de
fosas llenas de cadáveres de presos políticos republicanos
que allí fueron exterminados. Alemanes en los campos españoles El propio
profesor Bernal coordina un grupo de trabajo que estudia el papel
desarrollado por determinados oficiales y médicos alemanes
en algunos campos de concentración de la España franquista,
durante la guerra civil y de forma muy en especial entre los años
1937 y 1938, ya que existen evidencias claras de que realizaron experimentos
y prácticas de exterminio similares a las que poco después
fueron llevadas a cabo de modo sistemático y masivo en los
campos de exterminio nazis. Otro de los historiadores asistentes a las mencionadas jornadas celebradas en Sevilla, el catalán Borja de Riquer, señalaba que en la España franquista se superaron los 140.000 fusilamientos, casi triplicando los 50.000 que se produjeron en las zonas de España controladas por la República. Más aun, el mismo historiador hacía notar que en el caso concreto de Andalucía esta relación se más que cuadruplicó, con 40.000 fusilamientos franquistas por 9.000 a cargo de los republicanos. 30.000 fusilamientos "controlados" De Riquer
hizo notar que una vez terminada ya la guerra civil, entre 1939 y
1947, el franquismo ejecutó diariamente a una media de
diez personas, con diez fusilamientos diarios, lo que representa cerca
de 30.000 fusilamientos durante los ocho años después
del fin de la guerra civil, a los que habría que añadir
todavía los que se produjeron con posterioridad y hasta el
mismo final de la dictadura. Borja de Riquer destacó asimismo que la juventud republicana fue la principal víctima de la criminal represión franquista desatada al término de la guerra civil. En base a un estudio realizado sobre las quintas de la barcelonesa ciudad de Badalona entre los años 1936 y 1940, De Riquer subrayó que de los 2.256 jóvenes de entre 19 y 25 años de edad existentes en el censo de dicha ciudad en 1936, en 1940, 295 habían muerto, 234 habían sido considerados prófugos y 204 estaban encarcelados, con lo que un tercio de los jóvenes badaloneses, al finalizar la guerra civil, habían fallecido, estaban exiliados o habían sido encarcelados.
Los
esclavos de Franco: 780 millones de euros de beneficios
El
ya mencionado libro de Isaías Lafuente no es propiamente el
primero en denunciar esta infamia criminal perpetrada por el franquismo,
puesto que ya en 1969 Aroca Sardagna se refería a ello en su
libro Los republicanos que no se exiliaron, y en 2000 Rafael Torres
publicó otro importante volumen sobre esta cuestión,
Los esclavos de Franco, el primero en documentar ya el trabajo forzado
de gran número de prisioneros políticos del franquismo.
No obstante, Lafuente ha profundizado mucho más y da en su libro todo tipo de datos y documentación, llegando incluso a las cuantificación económica precisa de los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de la práctica esclavitud de sus prisioneros políticos: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros. Ello se deduce del estudio de las muy detalladas memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Sólo entre los años 1939 y 1945, Franco dispuso mensualmente de una media de unos 10.000 presos políticos republicanos convertidos por él en sus esclavos, siendo en total durante aquellos años unos 110.000 los presos políticos laboralmente explotados en colonias, talleres, destacamentos penales y empresas privadas.
El
profesor Francisco Moreno Gómez ha cifrado el jornal medio
de un preso político esclavizado por el franquismo en 4,75
pesetas, en el caso de ser un hombre con esposa y un hijo a su cargo
y que estuviese al servicio de algún organismo público
del Estado, y de 14 pesetas si trabajaba al servicio de una empresa
privada, de las que sólo 50 céntimos iban a parar al
propio preso, 3 pesetas eran destinadas a su familia, 1,40 eran retenidas
en teoría para su alimentación y las 9,10 pesetas restantes
iban a parar a Hacienda, aunque se ignora bajo qué concepto
se les sometía oficialmente a tan cuantiosa exacción
fiscal. Catedrático
de Historia del Pensamiento de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla,
Antonio Miguel Bernal ha coordinado recientemente el interesante
ciclo de conferencias que se ha celebrado en dicho centro universitario
bajo el título Los presos del Canal. 1940-1962. Estas jornadas
han sido organizadas por la universidad hispalense en colaboración
con la fundación El Monte y el sindicato CGT, y se han dedicado
al estudio de la utilización sistemática de prisioneros
políticos andaluces como trabajadores forzados en las obras
de construcción del canal Bajo del Guadalquivir, entre Sevilla
y Sanlúcar de Barrameda, de 150 kilómetros de longitud,
90 de los cuales fueron íntegramente realizados por unos 10.000
prisioneros políticos del franquismo, desde muy poco después
del final de la guerra civil, y hasta más de dos décadas
después, hasta el año 1962. Tras el fuerte impacto causado por la reciente publicación del libro de Isaías Lafuente, estas jornadas sevillanas han contribuido a dar a conocer muchos otros aspectos sobre la feroz e implacable represión que el franquismo ejerció contra sus opositores, especialmente en la más inmediata posguerra, pero en realidad hasta más allá incluso de la muerte del propio dictador. El próximo mes de octubre, un importante congreso organizado conjuntamente en Barcelona por el Museu d’Història de Catalunya y el Grup de Recerca de l’Època Franquista del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, seguirá profundizando en estos temas, muy poco estudiados hasta ahora por los historiadores y, por tanto, todavía absolutamente desconocidos por la opinión pública.
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Los
Campos de concentración Así,
de forma masiva, sistemática y organizada, la dictadura franquista
utilizó, entre 1937 y 1970, a centenares de miles de prisioneros
políticos como fuerza laboral barata, absolutamente dócil
y completamente segura, casi siempre recluida en alguno de los numerosos
campos de concentración creados al efecto por toda España
–en el libro de Javier Rodrigo Sánchez La represión
bajo el franquismo figuran documentados 72 campos de concentración,
casi la mitad de ellos funcionando ya desde la misma guerra civil,
con un total de aproximadamente unos 180.000 internados debidamente
contabilizados–, con lo que además de conseguir pingües
beneficios económicos consiguió descongestionar las
numerosas cárceles existentes en todo el territorio nacional,
todas ellas abarrotadas durante los años de la más inmediata
posguerra a causa de las sucesivas oleadas de detenciones masivas
que se produjeron en España entera al término de la
guerra civil. El Servicio
de Colonias Penitenciarias Militarizadas, eufemismo con el que se
intentaba ocultar el nombre de los campos de concentración,
fue en realidad el encargado de centralizar el uso y abuso que el
franquismo hizo de sus prisioneros políticos como trabajadores
forzados o esclavos, dando origen incluso, con la creación
de sus campos de concentración y la instalación en las
cercanías de las familias de algunos de los prisioneros en
ellos internados, a la creación espontánea de nuevos
núcleos de población surgidos entonces, como El Palmar
de Troya, Dos Hermanas, Los Palacios o los barrios sevillanos de Torreblanca
y Bellavista, aún en la actualidad formado en su gran mayoría
por familiares de antiguos presos políticos esclavizados por
el franquismo. Empleados
fundamentalmente en obras públicas de todo tipo –por ejemplo,
en la construcción de carreteras, puentes, túneles,
vías férreas, canales y marismas–, centenares de
miles de prisioneros políticos del franquismo se vieron obligados
al trabajo forzado, a modo de nuevos esclavos, tanto en obras tan
impresionantes como las de la construcción del Valle de los
Caídos –donde trabajaron hasta 1950 un total de cerca
de 20.000 presos políticos, hasta la definitiva culminación
de las obras de construcción tanto de los accesos por carretera
como del monasterio y la cripta de aquella obra faraónica–
o del pazo de Aday, como en muchas otras obras al servicio de la Iglesia
católica –entre otras, los 15.000 crucifijos para escuelas
y otros centros oficiales, que fueron facturados inmediatamente
después de la guerra civil desde los Talleres Penitenciarios,
cuya sede central era la cárcel de Alcalá de Henares–
y, cada vez en mayor medida, al servicio de gran número de
empresas privadas, casitodas ellas adjudicatarias y concesionarias
del propio Estado. Según recoge Isaías Lafuente en su documentado libro, fueron prisioneros políticos quienes construyeron obras hidráulicas como los embalses del Ebro, Benagéver, Entrepeñas, Pálmaces, Mediano, Riosequillo, Revenga, Barasona, Mansilla de la Sierra, González Lacasa, El Cenajo, Torre del Águila, Barrios de Luna, Yesa, San Esteban y Linares, la Real Acequia del Jarama, canales como el Bajo del Guadalquivir, Bajo del Alberche, Montijo, Jarama, Bárdenas, Monegros, Toro-Zamora, Bierzo, Badarán y Linares del Arroyo, amén de saltos como los del Nansa y el Sil. Fueron, igualmente, prisioneros políticos del franquismo quienes reconstruyeron pueblos y ciudades como Belchite, Brunete, Oviedo, Teruel, Toledo, Huesca, Lleida, Gernika, Amorebieta, Éibar, Potes, Quinto de Ebro, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla del Monte, Villamanín, Vilanova de la Barca, Sabiñánigo o Figueres, entre muchas otras poblaciones. Trabajaron
también en las minas de mercurio de Almadén, en los
pozos Maria Luisa, Fondón y San Mamés de Duro Felguera,
en las minas de antracita de Fabero y en muchas otras empresas mineras,
en Asturias, Leñón, Pontevedra, Lleida, Ourense, Teruel,
Albacete, Murcia y Cartagena, por ejemplo, y lo hicieron asimismo
en gran cantidad de obras públicas, como en la construcción
del ferrocarril Madrid-Burgos, Zamora-A Coruña, Tudela de Veguin
a Lugo de Llanera, Pedernales-Bermeo o la inconclusa Santander-Mediterráneo,
así como en la primera estación ferroviaria de Chamartín,
en Madrid, y en carreteras como las de Canfranc, de la carretera de
A Coruña a El Escorial, variantes de carreteras como las de
Madrid-Valencia Puerto Contreras, Honrubia, Oropesa, los puertos
del Escudo y del Arzobispo, el túnel de Vielha... Además de la construcción tanto de los accesos como del monasterio y la cripta del Valle de los Caídos, fueron también prisioneros políticos del franquismo quienes construyeron desde aeropuertos como los de Sondica o Labacolla hasta estadios municipales como los de Valladolid y Palencia, pasando por cárceles como la de Carabanchel. Empresas
privadas beneficiadas Entre
las empresas privadas españolas que más frecuentemente
tuvieron a su servicio como trabajadores forzados a prisioneros políticos
del franquismo figuraron en lugar muy destacado y constante Dragados
y Construcciones, Banús, A. Marroquín, San Román,
Hermanos Nicolás Gómez y Construcciones ABC. Algunas
de estas empresas privadas se lucraron con el trabajo forzado y apenas
pagado de gran número de prisioneros políticos del franquismo
por espacio de más de dos décadas, como lo hizo en concreto
la empresa Dragados y Construcciones fundamentalmente en la construcción
de gran número de pantanos, mientras que en el caso de Banús
lo hicieron todavía hasta el año 1969 en todo tipo de
obras y construcciones. Otras
empresas que tuvieron a presos políticos trabajando a su servicio
fueron, por ejemplo, Babcock-Wilcox, Carbones Asturianos, Constructora
Naval, Industrias Egaña, Talleres La Trefilera, Plasencia de
las Armas, Esperanza y Compañía SA, Talleres Murga,
Cementos Portland-Iberia, Cementos Asland, Metro de Madrid, Riegos
Asfálticos, Sacristán, Portolés y Compañía,
Sicot, José M. Padró, Carbonífera Palomar, Montes
de Galicia, A.Villalón, E.Osis, Elizarrán, Hidro Nitro
Española, Minas del Bierzo, Experiencias Industriales, Gutiérrez
Oliva, A.Carretero, Sanz Bueno, Salvador Cuota, Maquinista y Fundición
del Ebro, Regino Criado, Ferrocarriles y Minas, Antracitas Gaiztarro,
Múgica-Arellano y Cía, Minero Siderúrgica de
Orallo, ECIA, Vías y Riegos, Duro-Felguera, C.Peña,
Julián A. Expósito, Cimentaciones y Obras, E.Medrano,
C.Mardellano, D.L.Pastora, M.Llagostera, I.Arribalaga, J.Dobarco,
Sociedad Marcor, Ramón Echave, SAFA, Burés, Industrias
Artísticas Agrupadas ... La Iglesia católica española, convertida prácticamente desde el mismo inicio de la guerra civil en uno de los más importantes e influyentes apoyos de Franco tras haber declarado formal y oficialmente que la insurrección militar era una “Cruzada”, se benefició asimismo del trabajo esclavo de gran número de prisioneros políticos del franquismo. Entre otras construcciones para la Iglesia católica en las que fueron obligados a trabajar como esclavos numerosos presos políticos de distintas regiones españoles, figuran las de la reconstrucción de la catedral y el seminario de Vic, el colegio de los escolapios de San Antón en Madrid, el seminario orensano de Ervedelos, la vallisoletana iglesia del Carmen y los conventos de las madres adoratrices de Cartagena, Valladolid y Alcalá de Henares. Esclavos del franquismo. Jordi García Soler
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